Cifras que irritan. El régimen de Boluarte, con la aprobación del Congreso, incrementó sustantivamente los fondos dirigidos a neutralizar las manifestaciones antigubernamentales y redujo otros rubros como combatir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, la lucha contra la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.
Conocer cuánto invierte un gobierno en financiar la represión a los opositores, contribuye a estimar su grado de autoritarismo. Entre 2022 y 2025, el régimen de Dina Boluarte duplicó los fondos públicos dirigidos a subvencionar las operaciones policiales para controlar y acabar con las protestas. Y aunque redujo el monto en el proyecto de presupuesto que presentó para 2026, sigue siendo un récord histórico. El de Boluarte fue un gobierno autoritario a todo trapo.
Al llegar a Palacio de Gobierno, Boluarte encontró que el presupuesto específico del Ministerio del Interior denominado “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”, estaba cifrado en S/552,114,596. Después de las manifestaciones que se cobraron la vida de 50 ciudadanos, con la aprobación del Congreso que la respaldaba, Boluarte año a año hizo crecer el dinero para acallar a los adversarios de su mandato:
- S/687,404,130 en 2023.
- S/715,696,634 en 2024.
- S/1,125,084,624 en 2025.
Esto es, entre 2022 y 2025, Boluarte y el Congreso dispararon el dinero para combatir la protesta social en un 115.51%, al mismo tiempo que las encuestas expresaban altísimos niveles de desaprobación (según el último reporte de IEP, Boluarte y el Congreso compartían el 93% del rechazo ciudadano).
En el proyecto de presupuesto 2026, Boluarte fijó en S/756,000,000 los fondos para la represión de las protestas sociales. Lo que implica un 32.84% menos respecto a la cifra de 2025.
Si el Congreso lo aprueba, entonces el crecimiento del presupuesto para la represión a la protesta ciudadana entre 2022 y 2026 experimentaría un crecimiento de 44.80%. A menos que los legisladores incrementen el monto que planteó Boluarte en septiembre de este año, poco antes de su destitución, reforzando así la entraña autoritaria que los caracteriza.
Efectivamente, el Congreso dio luz verde al financiamiento de las operaciones contra las manifestaciones ciudadanas porque, como el régimen de Boluarte, temía un eventual desborde. Bueno, el miedo se mantiene, porque la designación de José Jerí Oré como jefe de Estado no representa ningún cambio. El nuevo mandatario está diseñado únicamente para apaciguar a la población hasta las próximas elecciones. Los autoritarios no se sienten seguros.
Ahora, incrementar año a año el presupuesto del Ministerio del Interior para cubrir los gastos de las acciones represivas de las manifestaciones populares, tiene un costo que estamos pagando hoy día. Mientras que el financiamiento del rubro “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”, subió en 115.51% entre 2022 y 2025, en cambio los fondos para la lucha contra el crimen no tuvo un aumento para nada significativo, pese a que la violencia vinculada a la delincuencia ha experimentado un incremento explosivo.
