Las verdades a medias de Avanza País.
LIMA, 10 de marzo de 2026. Una reciente verificación de datos ha dejado al descubierto las imprecisiones del congresista José Williams Zapata. El ex titular del Parlamento afirmó en una entrevista reciente que los integrantes de su partido, Avanza País, no presentaban cuestionamientos éticos ni judiciales; sin embargo, los registros oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contradicen esta versión.
De acuerdo con el reporte de transparencia de la unidad de investigación de RPP, la lista de la agrupación del «tren» incluye a siete aspirantes al Congreso que registran sentencias condenatorias por delitos comunes, entre los que destacan casos de estafa y hurto. Estas sentencias, aunque declaradas en sus hojas de vida, fueron omitidas por Williams en su discurso de presentación partidaria.
Tenemos a:
- Rosselli Amuruz: La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra en julio de 2024. Se le investiga por presunto aprovechamiento indebido del cargo, tras sospechas de haber intercedido en la contratación de personas cercanas a su entorno en el Congreso.
- Diana Gonzales: Antes de ser congresista, fue inhabilitada de la Federación Peruana de Vóley por falta de requisitos académicos y deportivos. Actualmente, enfrenta diversas investigaciones por delitos como peculado y malversación relacionados con su gestión previa; algunos casos ya están en sede judicial, aunque ella niega los cargos.
- Karol Paredes: Ha sido incluida en la denuncia constitucional del caso «Los Niños» por presunta organización criminal. Según testimonios de colaboradores eficaces, habría gestionado presupuesto para obras a cambio de apoyo político. La legisladora sostiene su inocencia.
- José Williams: El candidato presidencial enfrentó un proceso ante el ente electoral por omitir en su hoja de vida una supuesta sentencia por homicidio calificado (ligada al caso Chavín de Huántar). Aunque el órgano electoral evaluó su exclusión por esta omisión, el caso fue finalmente archivado.
A esto se suman las investigaciones fiscales vigentes contra actuales parlamentarios de la bancada por presuntos vínculos con redes de corrupción. Esta revelación pone nuevamente en debate los filtros de selección de los partidos políticos de cara a los comicios de abril de 2026, en un contexto donde el electorado exige mayor rigurosidad y transparencia a sus futuros representantes.