La emergencia puso en evidencia la vulnerabilidad de los bosques y las deficiencias en su protección. Especialistas advirtieron que los cambios a la legislación forestal podían incentivar la deforestación, mientras las condiciones climáticas favorecían la propagación del fuego.
Redacción Nacional Callao TV
Los incendios forestales que afectaron al Perú en septiembre de 2024 dejaron pérdidas humanas, daños en cultivos y destrucción de hábitats. La emergencia también abrió un debate sobre la prevención, la respuesta de las autoridades y las consecuencias de la Ley 31973, conocida por sus críticos como “Ley Antiforestal”.
La norma, publicada el 11 de enero de 2024, modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Su contenido provocó cuestionamientos por las excepciones que estableció para determinados predios destinados a actividades agropecuarias.
Una norma bajo cuestionamiento
La Defensoría del Pueblo advirtió que la Ley 31973 exceptuaba a determinados propietarios de realizar estudios de clasificación de tierras y cumplir con requisitos para el cambio de uso del suelo. Estos controles permiten identificar terrenos forestales o de protección y reducir los riesgos de pérdida de bosques.
El cuestionamiento ambiental apunta a que flexibilizar esos requisitos puede favorecer la ocupación de terrenos previamente deforestados. Sin embargo, esto no significa que cualquier bosque quemado pueda venderse o titularse automáticamente, ni demuestra que la norma haya causado cada incendio. Determinar el origen y las responsabilidades de cada siniestro requiere una investigación.
Sequías y actividades humanas favorecen el avance del fuego
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) señaló, el 6 de septiembre de 2024, que la mayoría de los incendios forestales eran provocados por actividades humanas. También explicó que las sequías prolongadas y los vientos fuertes contribuían a que el fuego se extendiera.
Las quemas que salen de control, la vegetación seca y las dificultades para intervenir a tiempo forman una combinación peligrosa. Por ello, prevenir estos desastres exige alternativas al uso del fuego y una coordinación efectiva entre autoridades y comunidades.
Daños que continúan después de las llamas
La pérdida de vegetación, la muerte de fauna silvestre y la degradación del suelo figuran entre las consecuencias señaladas por Serfor. El impacto compromete los ecosistemas y los recursos de los que dependen las poblaciones cercanas.
La crisis de 2024 dejó una exigencia clara: reforzar la prevención, investigar las quemas ilegales y revisar las medidas que puedan debilitar la protección forestal. La respuesta del Estado debe alcanzar tanto la atención de la emergencia como la recuperación de los territorios afectados.
Nota elaborada a partir del texto de Johana Perleche para Wayka y contrastada con información de El Peruano, la Defensoría del Pueblo y Serfor. Los hechos corresponden a septiembre de 2024.
