El caso articula a tres figuras principales de Alianza para el Progreso (APP), el partido que actualmente ostenta un control significativo sobre el aparato administrativo del Legislativo
LIMA — Una reciente investigación periodística ha puesto al descubierto un presunto caso de tráfico de influencias y favorecimiento en las contrataciones del Congreso de la República. El foco de la controversia es el ingreso de la abogada y ex Miss Perú Mundo, Suheyn Cipriani, al Departamento de Comisiones, bajo condiciones que sugieren un «padrinazgo» político de alto nivel.
Los hechos claves:
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El Nexo con la Presidencia: Registros oficiales de visitas revelan que, previo a su contratación, Cipriani mantuvo reuniones de larga duración (de hasta 3 horas) en el despacho de Eduardo Salhuana, actual Presidente del Congreso. Estas visitas coinciden cronológicamente con su incorporación a la planilla parlamentaria.
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La Operación Administrativa: La Dirección General de Administración (DGA), encabezada por la excongresista Marisol Espinoza, es señalada como el brazo ejecutor que viabilizó el contrato. Se cuestiona si se realizó un concurso público o si la plaza fue asignada directamente por disposición superior.
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Cuestionamientos al Perfil: Aunque Cipriani cuenta con formación en Derecho, la denuncia periodística advierte sobre posibles irregularidades en las constancias de trabajo presentadas para acreditar su experiencia técnica, sugiriendo que los documentos podrían haber sido emitidos por empresas con escasa actividad real.
Contexto: El «Festín» de Contrataciones
Este incidente no es un hecho aislado. La prensa nacional ha contrastado este caso con el crecimiento exponencial de la planilla del Congreso, que hoy supera los 5,000 trabajadores. Diversos analistas coinciden en que el Parlamento se ha convertido en una «agencia de empleos» para allegados a las cúpulas partidarias que integran la Mesa Directiva, dejando de lado la meritocracia del Servicio Civil.
Implicancias Éticas y Legales
Hasta el momento, la defensa institucional sostiene que las contrataciones se ajustan a la legalidad vigente. Sin embargo, el Ministerio Público y la Comisión de Ética podrían iniciar indagaciones de oficio para determinar si existió un aprovechamiento del cargo para beneficiar a terceros con fondos públicos, lo cual configuraría delitos contra la administración pública.
Dato de Cierre: El caso Cipriani se suma a una lista de cuestionamientos contra la gestión de APP, partido que ha sido criticado por otros medios por supuestamente utilizar los recursos del Estado para fortalecer su red de lealtades políticas de cara a las próximas elecciones.