El reclamo llega luego de que el primer ministro Gustavo Adrianzén negara el 30 de abril conocer sobre el secuestro de mineros en Pataz, pese a que la denuncia fue presentada un día antes.
Enrique Carbonell, padre de uno de los 13 trabajadores asesinados en la mina Poderosa, en Pataz (La Libertad), arremetió contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, por inicialmente negar y descartar que haya información sobre el secuestro que precedió a la masacre. Visiblemente afectado, Carbonell cuestionó la versión oficial del titular de la PCM, quien aseguró no haber tenido conocimiento de los hechos hasta el viernes 2 de mayo.
«Señor Adrianzén, escúcheme usted. Usted es un patán, es un desgraciado, porque no ha tenido contemplancia (sic) con aquellos que han sido retenidos por estos delincuentes», expresó indignado el padre de familia, en declaraciones a Canal N. Según afirmó, la denuncia formal sobre el secuestro fue presentada el martes 29 de abril a las 10 de la noche. “Y usted sale a decir el día miércoles que no sabía nada y que no había ninguna denuncia. Eso es una mentira grande, y que lo sepa toda la nación”, agregó.
Padre de víctima en Pataz arremete contra Gustavo Adrianzén
El reclamo de Carbonell se suma al creciente malestar de los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia y mayor presencia del Estado en una zona marcada por la violencia criminal. “Estoy indignado por esa actitud suya, y debe salir a los medios de comunicación a desmentir eso. Son seres humanos, señor”, exigió.
Además, denunció el abandono de las autoridades en Pataz. “No hay ni un puesto policial, ni siquiera un puesto de auxilio rápido. Entonces, ¿por qué no ponen una base militar?”, reclamó. También exhortó al Congreso a tomar cartas en el asunto ante la evidente falta de protección estatal en la región. «Exijo al Congreso de la República que trate de ver esta situación», finalizó.
Gobierno de Dina Boluarte dudó de veracidad del atentado
El 30 de abril, apenas un día después de que se denunciara el secuestro de los trabajadores en Pataz, el primer ministro Gustavo Adrianzén restó importancia a los reportes iniciales, alegando que no había información oficial al respecto. Además, la tragedia se agrava considerando que la masacre se produjo en un contexto de estado de emergencia, declarado por el Ejecutivo y respaldado por el gobernador regional César Acuña.
A través de un comunicado, la propia empresa Poderosa ha denunciado el abandono del Estado y el deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz. «Esta semana, en un acto que pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz, mineros ilegales coludidos con criminales, secuestraron a 13 trabajadores que brindaban servicios a un minero artesanal, con quien Poderosa mantiene un contrato de explotación», se lee en la publicación.
La compañía cuestionó la falta de resultados concretos de las autoridades, recordando que la semana previa se desplegaron más de 800 efectivos policiales en un operativo que no incluyó interdicciones en las bocaminas ilegales donde finalmente se produjeron los enfrentamientos.
